Reos muertos en incendio de cárcel de San Miguel podrían terminar en una fosa común

 La denuncia fue realizada por la "ONG 81 Razones" que reúne a los familiares de las víctimas. El vocero de la organización asegura que el primer gobierno de Sebastián Piñera se comprometió a mantener las tumbas de por vida y de forma gratuita

 Intranquilos se encuentran los familiares de los 81 internos que murieron calcinados en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010, luego de saber que están peligrando las sepulturas donde hoy están enterrados.

César Pizarro, hermano de uno de los fallecidos y vocero de la "ONG 81 Razones", detalló a La Tercera, que la mantención gratuita y de por vida de las tumbas fue una promesa del gobierno, en ese entonces de Sebastián Piñera. Sin embargo, hoy aseguró que esa promesa no se ha cumplido, pues desde el 2015 que él y los demás familiares comenzaron a recibir mails y llamadas desde el Parque del Recuerdo, reclamando el pago de mantención de las tumbas o de lo contrario la amenaza de trasladar los cuerpos a una fosa común.

“Y el gobierno en el SML se comprometió a pagar indefinidamente los gastos de los presos”, insistió.

Fue en ese momento donde Pizarro comenzó a buscar explicaciones, contactándose con Álvaro Pérez, abogado del Ministerio de Justicia, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

La respuesta fue con un mail donde el jurista escribió que “con relación a las cuotas de mantención el Ministerio de Justicia no cuenta con las atribuciones legales para pagar dichos montos (…).

“Dijeron que lo iban a ver en la Municipalidad. Con eso no pasó nunca nada. Tuvimos reuniones. Con cada autoridad que hablamos, con Tulio Arce, con el Director Nacional de Gendarmería. Pero las autoridades terminaban sus periodos y las reuniones de los 81 quedaban en nada. Siempre nos decían lo mismo: “Lo vamos a ver, lo vamos a ver”, dijo César.

AMENAZA

El tiempo pasó y hasta hoy todos los familiares siguen recibiendo los mails y llamadas exigiendo el pago de las mantenciones de las sepulturas. Pero lo que más los angustia, dice César Pizarro, fue la amenaza del parque de enviar los cuerpos a la fosa común.

“Me dijeron que si no pagaba iban a pasar a mi hermano a una fosa común. Al resto de las familias también las están amedrentando, amenazándolas. Casi todos los parientes tienen trabajos de obreros, es complicado. Y ni ellos ni nadie se imagina el dolor de una madre que sabe que a su hijo en cualquier momento lo pueden tirar a una fosa común”, agregó